RICARDO ESCOBEDO LINARES
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Alcalde de Ananea convoca a primer informe económico
El alcalde de la municipalidad distrital de Ananea, en la provincia de San Antonio de Putina, anunció que realizará el primer informe económico del primer semestre de su gestión edil. La actividad se llevará en audiencia pública en la plaza de armas de esta localidad.
Según se informó, la actividad se desarrollará el domingo 28 del presente mes a las 10 de la mañana. Cabe precisar que la convocatoria ha concitado la atención de los pobladores de esta jurisdicción del distrito; incluso algunos ciudadanos saludaron y felicitaron la decisión de la autoridad.
Samuel Ramos Quispe, burgomaestre de la localidad, manifestó que el informe se da cumpliendo con su compromiso con el pueblo y resaltando que el manejo económico de la municipalidad debe ser transparente. Además, dijo que se está cumpliendo con la ejecución de obras en los centros poblados y comunidades.
 
Aspec criticó a Telefónica por interrupción de servicio en sismo
La asociación de consumidores demandó contar con plan de contingencia ante emergencias. La empresa aclaró que operó con normalidad
Luego del movimiento telúrico de 7 grados registrado en Contamana, Loreto, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) criticó a Telefónica del Perú por la interrupción temporal que sufrió el servicio de telefonía móvil y de mensajes de texto.
Según el presidente de Aspec, Crisólogo Cáceres, la compañía de telefonía está en la obligación de contar con un plan de contingencia ante situaciones de emergencia como la que aconteció hoy.
“Que el servicio de contingencia sea costoso y complicado de implementar, no significa que la empresa no deba hacerlo”, recalcó Cáceres, quien al mismo tiempo señaló que de darse una interrupción, esta debe de ser imperceptible y no prolongarse por varios minutos.
En declaraciones a la Agencia Andina, Cáceres dijo que Indecopi debe comenzar una investigación de oficio para establecer qué ocurrió con el servicio ya que, según su opinión, si se dio una interrupción -como pasó en agosto del
2007-, no se estaría brindando un servicio idóneo.
De otro lado, Telefónica del Perú informó a través de una nota de prensa que todos sus servicios de telecomunicaciones se encuentran funcionando con normalidad.
“Los centros de gestión que monitorean permanentemente las redes de la compañía registraron que los servicios de telefonía fija y móvil experimentaron una moderada congestión luego del sismo, debido al incremento inusual de llamadas. Los servicios de banda ancha funcionaron con toda normalidad”, detalló Telefónica.
 
Osiptel aclara que no apoya renovar contrato a Telefónica
Posición. mtc debe pronunciarse, afirmó. Indicó que sólo emitió un informe no vinculante al Ejecutivo, lo cual no implica ninguna decisión.

El presidente del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), Guillermo Thornberry, negó ayer que hayan abogado a favor de la renovación del contrato de Telefónica Móviles, como trascendió en los medios locales.

“Nosotros no tenemos nada que ver en el tema.  El ente concedente, es decir el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), es quien tiene que pronunciarse. Nosotros solo damos opinión no vinculante para que el MTC tome una decisión”, explicó Thornberry.
Precisó que solo enviaron información sobre las sanciones recaídas en Telefónica que, según una fórmula, le restaría entre 9 y 16 meses al tiempo de concesión en caso el Estado decida renovarle el contrato.

Por su parte fuentes de Telefónica informaron que han cumplido con todas las etapas legales para ampliar su plazo de concesión y que están a la espera de la decisión final del MTC, pues, luego del informe del Osiptel, sólo falta negociar los términos y condiciones para el nuevo periodo de concesión.

Cabe recordar que los contratos vencidos de la empresa Telefónica son los referidos a las bandas de servicio móvil A y B, caducas desde mayo y julio, respectivamente.   
 
Estado peruano impondría 830 millones a Movistar para que siga operando
Dos de los tres contratos que permiten operar a Telefónica Móviles S.A se vencieron a inicios de este año y su renovación fue valorizada, por el organismo técnico OSIPTEL, en US$ 830 millones; sin embargo, la última palabra en la difícil negociación la tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Luego que el proceso de renovación quedara paralizado al final del gobierno aprista, a pedido de la comisión de transferencia del nuevo gobierno, actualmente, el Estado peruano ha planteado el cobro de US$ 830 millones por el uso de dos bandas de nuestro espectro electromagnético a la empresa española.
Como era predecible, la empresa señaló que cumplieron con todas las etapas del proceso para solicitar la renovación y que el monto exigido no corresponde al pago por la nueva concesión. También pidieron que la renovación dure 20 años, mientras que Guillermo Thornberry, presidente de OSIPTEL, opina que este plazo debe reducirse.
Junto al nuevo impuesto a las sobreganancias mineras, en la negociación con Telefónica se evidenciará una política coherente del gobierno nacionalista. No olvidemos que el espectro electromagnético es un recurso natural que nos pertenece y que su uso privado es concesionado por el Estado al igual que cualquier otro bien público.
La empresa Telefónica Móviles, cuyo nombre comercial es Movistar, participa del 62.1% del mercado de móviles con 19 millones de clientes, según sus propios datos y la Superintendencia del Mercado de Valores, en el primer semestre de este año, percibió una utilidad neta de S/.338, 2 millones, mientras que su ingreso en el mismo periodo fue de S/. 2,001.4 millones.
 
 
Lo que debes saber sobre la nueva Ley de Consulta Previa
Norma establece el derecho de las comunidades a solicitar ser consultadas sobre actividades extractivas en su territorio. ¿Será vinculante?
 
La trascendencia de la Ley de Consulta Previa, aprobada ayer por unanimidad en el Congreso, radica en que a partir de ahora los pueblos indígenas u originarios podrán solicitar ser consultados sobre las medidas legales, planes, programas y proyectos que afecten directamente sus derechos, sean estos físicos, de identidad, calidad de vida o desarrollo.
La norma se basa en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
¿ANTE QUIÉN SE SOLICITA LA CONSULTA?
Las instituciones u organizaciones representativas de las comunidades pueden solicitar la aplicación del proceso de consulta si consideran que una medida los afecta directamente. El pedido se presenta a la entidad estatal promotora de la medida legislativa o administrativa y responsable de ejecutar la consulta. Esta evaluará la procedencia del pedido.
En caso la entidad estatal pertenezca al Ejecutivo y desestime el pedido, la comunidad puede impugnar ante el Órgano Técnico Especializado en materia Indígena (adscrito al Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura). Agotada la vía administrativa se puede recurrir ante los órganos jurisdiccionales competentes.
Lea las funciones del mencionado órgano técnico AQUÍ.
¿QUÉ PASA SI NO HAY ACUERDO?
La norma -que había sido aprobada en el anterior Congreso- fue observada por el gobierno de Alan García, que hizo hincapié en que, si no se lograba un acuerdo o consentimiento con la comunidad, ello no implicaba que se limite, suspenda o prohíba al Estado adoptar decisiones, “incluso en contra de la opinión de los pueblos consultados, lo cual debe señalarse de manera expresa”.
¿Qué dice al respecto la nueva norma? En su artículo 15 afirma que para que haya una decisión final sobre la aprobación de una medida legislativa o administrativa es necesario evaluar “los puntos de vista, sugerencias y recomendaciones planteados por los pueblos indígenas u originarios durante el proceso de diálogo, así como el análisis de las consecuencias que la adopción de una determinada medida tendría respecto a sus derechos colectivos”.
El acuerdo -se indica- es obligatorio para ambas partes (y exigible en sede administrativa y judicial), pero, en el caso de que no se alcance un pacto, entonces le corresponde a las entidades estatales “adoptar las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y originarios, de tal forma que no se afecte el derecho a la vida, la integridad y el pleno desarrollo”.
¿LA NORMA ES VINCULANTE?
El presidente de la Comisión de Constitución, Fredy Otárola (Gana Perú), señaló ayer que un acuerdo entre ambas partes implica que sea vinculante. Sin embargo, para Cecilia Chacón (Fuerza 2011) y Juan Carlos Eguren (Alianza por el Gran Cambio) no es así.
“Lo que se quería anteriormente es que, si se hacía la consulta, la decisión de los pueblos debería ser vinculante, algo que no se recoge en este proyecto”, dijo Chacón.
“La consulta no es vinculante, pero sí se requiere una licencia social. Si no la hay, los proyectos, en la práctica, avanzan con dificultad y más adelante habrá una consulta formal. Si en esta se dice que no, será muy difícil que el Estado pueda impulsar el proyecto”, afirmó Eguren.
Multarán a personas que arrojen basura
En 45 días estará lista la ordenanza con los montos con que se sancionará a quienes boten desperdicios en la vía pública, informó la comuna.
Imágenes como esta se repiten en innumerables lugares de la capital. (USI)
El gerente de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad de Lima, Arnold Mollet, dijo que en unos 45 días estará lista la ordenanza con los montos de las multas que serán impuestas a quienes boten desperdicios en la vía pública.
El funcionario manifestó que la iniciativa viene siendo analizada por una comisión de regidores metropolitanos, que deben presentarla ante el concejo capitalino para su aprobación
Plantean embargar bienes a corruptos
La Contraloría pidió al Congreso aprobar un proyecto de ley que permita incautar propiedades en los casos de corrupción de funcionarios.
Khoury se reunió con el presidente del Congreso y le hizo entrega de estas iniciativas. (USI)
El contralor Fuad Khoury le entregó esta tarde cinco proyectos de ley al presidente del Parlamento, Daniel Abugattás, que tienen por finalidad ampliar y fortalecer las acciones en la lucha contra la corrupción.
Las referidas iniciativas quedaron pendientes en la última legislatura del Congreso pasado, pero son nuevamente presentadas debido a la importancia que representan para el trabajo que desempeña la Contraloría y todo el Sistema Nacional de Control a nivel nacional.
Entre los proyectos presentados destaca el que propone incorporar en la Ley de Pérdida de Dominio (Decreto Legislativo Nº 992) la incautación de bienes para los delitos de corrupción de funcionarios (concusión, colusión, peculado, cohecho propio e impropio y enriquecimiento ilícito), tal como ocurre en los casos de narcotráfico y terrorismo.
Otra iniciativa busca que la Contraloría pueda emitir una opinión previa respecto de los modelos financieros de concesión en los procesos de promoción a la inversión privada. Además, propone que cualquier modificación o adenda a los contratos suscritos requiera de la opinión previa del máximo órgano de control para asegurar los intereses del Estado.
El contralor también presentó el proyecto de ley que incorpore como obligatorio la presentación de una Declaración Jurada de Ingreso, Bienes y Rentas a los miembros de los Consejos Regionales, parlamentarios andinos y la totalidad de alcaldes y regidores sin excepción. En este último caso, actualmente solo lo hacen las autoridades ediles que administran un presupuesto anual superior a las 2,000 UIT (cerca de S/. 7,2 millones).
Otra iniciativa es la que busca fortalecer el Sistema Nacional de Control mediante el acceso irrestricto de todos los órganos que lo componen a la documentación relacionada a los convenios suscritos por entidades estatales con organismos internacionales. Actualmente, la suscripción de estos convenios origina una carencia de información y control sobre los recursos transferidos por las entidades públicas.
Por último, se encuentra el proyecto que propone mecanismos de defensa para los funcionarios y trabajadores de la Contraloría y de los Órganos de Control Institucional (OCI) que realicen actividades de fiscalización gubernamental. Esta medida garantizará la ejecución efectiva de las labores de control e independencia de este ejercicio y del propio sistema frente a acciones legales que intenten obstruir.
 
Contraloría presenta proyectos anticorrupción
El contralor de la República, Fuad Khoury, entregó hoy al presidente del Congreso, Daniel Abugattás, cinco proyectos de ley para ampliar y fortalecer las acciones contra la corrupción. El organismo de control detalló que las iniciativas habían quedado pendientes en la última legislatura del Congreso pasado, pero fueron nuevamente presentadas por la importancia que tienen para el trabajo de la Contraloría, y todo el Sistema Nacional de Control, a nivel nacional.

Según la agencia Andina, entre estos proyectos figura el que incorpora en la Ley de Pérdida de Dominio (Decreto Legislativo Nº 992) la incautación de bienes para los delitos de corrupción de funcionarios (concusión, colusión, peculado, cohecho propio e impropio y enriquecimiento ilícito), al igual que ocurre para casos de narcotráfico y terrorismo.
Otro proyecto de ley propone que la Contraloría pueda emitir opinión previa sobre los modelos financieros de concesión en los procesos de promoción a la inversión privada.
El contralor también presentó el proyecto que obliga a presentar la Declaración Jurada de Ingreso, Bienes y Rentas a los miembros de los consejos regionales, parlamentarios andinos y la totalidad de alcaldes y regidores, sin excepción
 

 

“García se ha levantado más plata que Montesinos”
Afirma Alberto Químper, exasesor tributario de líder aprista, en conversación exclusiva con Químper revela que Alan García usa testaferros para esconder su dinero.
 
Esta es la segunda parte de la conversación sostenida con Alberto Químper, procesado por el caso “Petroaudios”. entrega publicada el pasado lunes, García se negó a ser considerado como agraviado en el caso Business Track (BTR) sobre interceptación de las comunicaciones y no asistió a aclarar las imputaciones en su contra en ese proceso.
 
-¿Es cierto que la actriz Vanessa Saba era la conquista de Alan García?
-No quiero hablar de eso. Ella es una buena chica.
 
-Le pregunto porque se dice que, debido a esa supuesta relación, García mantuvo a su padre Daniel Saba en el cargo de presidente de Perupetro a pesar del escándalo de los Petroaudios que lo incriminaban.
-Saba se mantuvo para dar la imagen de que el proceso (licitación) fue limpio, para darle fuerza a los contratos. Eso pesó más que lo otro. La chica influyó en el nombramiento, pero en lo otro pesaron los contratos.
-¿García cómo esconde su dinero?
-Como lo esconden todos. Hay bancos del mundo que se prestan para eso.
-¿Pero con su nombre o usa a otras personas?
-Usa testaferros.
-¿Quién es el testaferro de García?
-Pilar.
-¿Pilar Nores?
-Durante mucho tiempo. Por eso es que no se puede pelear mucho con ella.
-¿Ella tendrá también sus testaferros?
-Sí, pero ella lleva la cadena.
-¿Y Cheesman (madre del último hijo de García)?
-La Cheesman recién ahora está reemplazando a Pilar Nores en algunas tareas no santas.
-¿En qué tipo de tareas?
-Tareas económicas, pues, y no te hagas el cojudo. Me refiero a otras cosas de aspectos económicos.
-Usted sabe mucho, más que Ponce Feijóo.
-Soy viejo, pues. Más que Ponce no, soy viejo.
-Dicen que García le sacaba la vuelta a Pilar Nores, allá en Francia.
-La Cheesman lo ha perseguido (a García) por todos lados. A donde él iba, ella iba y durante muchos años. Alan García ha estado con varias, no solo con la Cheesman.
 
-¿García es todo un galán entonces?
-En el fondo (García) es un acomplejado, que cree que saliendo con buenas mujeres socialmente se reivindica. Él ha sido muy pobre por ser aprista, eso ha creado en él una especie de conflicto, por un lado es austero, pero por otro lado le gusta la buena vida, entonces es una forma de reivindicarse.
-Pero por otro lado ya no es tan pobre por el billete que usted dice ha levantado.
-Carlos Andrés Pérez (expresidente venezolano) le dijo que si quería tener poder político debía tener respaldo económico. Fue el mal ejemplo, sino ¿por qué crees que (Hugo) Chávez sale elegido? Porque el pueblo de Venezuela estaba harto de sus robos. Eso lo capitalizó Chávez.
-Si García seguía como presidente, ¿qué pasaba con Rómulo León y usted?
-Nosotros no salíamos por orden de García. Ahora las cosas han cambiado.
-Lo ha dañado mucho García.
-Sí, pues, porque controlaba todo el Poder Judicial y el Ministerio Público. Ahora ya no. La mejor prueba es que el Consejo ha destituido a Robinson Gonzales (exvocal), eso quiere decir que ya no lo controla, pues. Pero controlaba hasta al doctor (Iván) Sequeiros, por eso tuvimos que ir a organismos internacionales.
-Si estuvo con Canaán, ¿de qué forma García pudo sacar su comisión?
-Muy sencillo. A Canaán nadie lo controla en Santo Domingo. La plata de Canaán proviene de la época de (Rafael) Trujillo y Canaán puede dar el 50% de lo que recibe de comisión y nadie le dice nada en Santo Domingo. Las empresas españolas que construyen cárceles y hospital máximo darán pues un once por ciento porque en España los tienen controlados. A Canaán nadie lo controla en Santo Domingo y puede dar lo que le da gana, no le van a estar preguntando oye, por qué ha pagado los 5 millones de dólares. Entonces, Alan García dice ¡Carajo, este es el hombre para hacer negocios!
-¿Así le dijo a usted?
-¡Ése es un lobo, un lobo! Si se meten con una compañía española no pueden dar más del dos por ciento, si se meten con Canaán, él puede dar el 20%. Es que nadie lo controla.
-¿Cuál es la relación de Luis Giampietri y García?
-Con Giampietri, García consigue que Kouri lo apoye en el Callao. Siempre Callao y Lima votan igual, y en Lima no estaba ganando García sino Lourdes, y Kouri le dice yo te apoyo, pero llevas a Giampietri. Y entonces García gana en el Callao, no podía perder. Giampietri es pata de Kouri, pues.
-¿Y el apoyo del servicio de inteligencia a García a través de Giampietri?
-El mejor servicio de inteligencia del Perú es de la Marina y Giampietri busca ascender a contralmirante a (Elías) Ponce y a quien encargan luego a chuponear a Ollanta Humala y Virly Torres, y también a chuponear a congresistas de la oposición después del barrido electrónico que hicieron en el Congreso. Entonces, García los dejaba hacer su pendejada, pero a él también lo habían chuponeado, y cuando descubre lo de los petroaudios, dice: ¡Carajo, me pueden haber chuponeado a mí también, y a Canaán, a Garrido Lecca, Del Castillo, a María Zavala, a Mirtha Cunza, mi secretaria! Ahora, por darse de moralizador, me encara a mí y a Rómulo, ¡las ratas que los metan a la cárcel!, pero no para hasta no descubrirlos a ellos, ¿cómo lo descubren?, porque uno de la gente de Ponce se acoge a la confesión sincera, y lo mandan al extranjero, y con la información de ése, y encuentran a Ponce, le encargan la tarea a la Dirandro. Y una vez que agarran a todos, presionan a Petrotech. García tiene que haberle sacado plata a Petrotech porque si no los hubiera denunciado.
-Si García quiso incriminar a Petrotech.
-Eso es para despistar. La táctica de García es primero meterte miedo, y después que te mete miedo,... Lo mismo hizo con Camisea, construyó una comisión, y de ahí que les mete miedo, les saca plata. (…) Mete miedo, y luego cobra.
-¿Y cómo cobra?
-Últimamente está usando a Cuqui Cheesman, me parece, me parece.
 
-Puede haber otro.
-No, no hay otro. Otro que le recoge plata también es Cornejo. De repente, García ha levantado más plata que Montesinos, claro Montesinos se alió con el narcotráfico, ahí ha ganado mucho, y García no se mete con el narcotráfico por miedo a los gringos. Él ha sido abogado de narcos al principio
 
 
Presidente Regional quiere reordenar minería informal
El presidente Regional, Javier Atkins, solicitó apoyo a los congresistas para realizar un reordenamiento de la minería informal. Indicó que en Piura la minería informal produce aproximadamente 45 mil onzas de oro al año, a 2 mil dólares la onza, con lo cual se va a incrementar, “Por eso queremos un ordenamiento de ésta, porque si hay riqueza, tiene que ser distribuida a la población y al Estado porque éste tiene muchas obligaciones y responsabilidades, y no cuenta con dinero”, dijo.
Además, le entregó a la vicepresidenta Marisol Espinoza un proyecto de ley sobre la incorporación del impuesto a las transacciones financieras, como parte de la compensación regional. Solicitó que ésta lo evalúe. “Actualmente este dinero que se produce en todas las transacciones financieras en el Perú se va al MEF, a un sitio que nadie conoce. Creemos que lo que se genere en la región, sea para beneficiar a las poblaciones más necesitadas”, concluyó
 
 
Fiscalización abre expediente a Alexis
La comisión acordó pedir información al Gobierno para determinar con precisión qué fue lo que negoció el hermano del presidente en Moscú.
Analizarán los temas que conversó Alexis en su viaje a Rusia
La Comisión de Fiscalización acordó por mayoría solicitar información a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre las reuniones que sostuvo Alexis Humala, hermano menor del presidente Ollanta Humala Tasso, con autoridades y empresarios rusas, así como los acuerdos que negoció en diversos temas que van desde la pesca, pasando por el gas y el turismo, hasta las armas.
El pedido fue planteado por el congresista Juan José Días Dios (GPF), quien dijo que era necesario pedir información a la Cancillería para analizar si los temas sobre los que conversó el hermano del mandatario coinciden con los que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, abordó con Ollanta Humala en su reciente visita a Lima.
Al respecto, Martín Belaunde (SN), presidente de la comisión, consideró que el diálogo entre Humala y Lavrov no implica ningún acuerdo. Alegó que para que el presidente tome una decisión debe contar con el aval del Consejo de Ministros.
“De manera que han sido temas de agenda que podrán traducirse después en acuerdos o no. Tratándose de acuerdos entre dos estados soberanos hay materias que pueden ser hechas directamente por el Poder Ejecutivo y otras solo pueden ser ejecutadas por el Parlamento”, agregó Belaunde Moreyra.
DATO
La Comisión de Fiscalizaión aprobó por unanimidad el Reglamento y el Plan de Trabajo que regirá para el Periodo Legislativo 2011–2012
Reguladores se quejan por presupuesto
Titulares de varios organismos criticaron que desde 2009 tengan que pedir permiso al MEF para contar con recursos para fiscalizar.
Cierran filas. Los presidentes de los organismos reguladores expresaron su malestar por la falta de autonomía presupuestal para una mejor supervisión de las inversiones privadas.
Ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, los titulares de Osiptel, Ositran y Sunass, así como el gerente de Osinergmin, Edwin Quintanilla, criticaron que desde 2009 tengan que pedir permiso al Ministerio de Economía para contar con recursos que deben destinar a sus acciones de fiscalización, lo que –señalaron– les resta autonomía.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Economía, Luis Galarreta, criticó que dichos funcionarios no hayan expresado su reclamo cuando en Ositran se permitió que el presidente de dicho organismo tuviera la facultad de remover a su gerente general. “¿Por qué no defendieron la institucionalidad y autonomía de los reguladores en ese momento?”, dijo.
 
Piden que alcaldes designen y remuevan a los comisarios
Exministro del Interior Gino Costa plantea dar más poder a burgomaestres en seguridad ciudadana. También afirma que si Policía no mejora podría desaparecer. "
Más autoridad en alcaldes funcionaría a favor de programas de seguridad.
La Policía debería cambiar de actitud y dar más apoyo a los alcaldes, de lo contrario pone en peligro su propia existencia debido a la labor que hoy cumple el serenazgo en tareas de prevención obteniendo la aprobación de los vecinos, dejando de lado a la Policía Nacional.
La afirmación la hizo Gino Costa, director de la ONG Ciudad Nuestra, quien adelantó que hace diez días presentó dos proyectos de ley al presidente del Congreso, Daniel Abugattás, para que los alcaldes de la capital puedan elegir, evaluar y remover de sus cargos a los comisarios.
La iniciativa, afirmó, responde al desempeño de los efectivos desde años atrás, cometiendo delitos y realizando una labor deficiente en las calles. Señaló que la Policía debe cambiar de actitud y colaborar con los municipios ya que son precisamente los vecinos los únicos afectados con las diferencias entre ambas instituciones.
Según LA PRIMERA encuesta Metropolitana de Victimización, elaborada por Ciudad Nuestra, en los distritos donde el serenazgo tiene aprobación por parte del público, la Policía tiene una aprobación menor.
“Si el serenazgo no funciona, tampoco funciona la Policía. En muchos distritos el carro del serenazgo llega antes que el patrullero. En adelante las autoridades deben procurar crear mecanismos para que ambos trabajen de forma coordinada y compartan información sobre la delincuencia”, afirmó Costa durante una reunión con la alcaldesa de Barranco Jessica Vargas. “Por ejemplo, ahora no está con nosotros el comisario de Barranco. Esta reunión es para tratar temas de seguridad pero no está el jefe policial y lo peor es que la alcaldesa preside el Comité de seguridad Distrital”, señaló Costa.
Agregó que las insuficiencias de la Policía han sido absorbidas y superadas por los serenos y poco a poco el público se identifica más con ellos que con los Policías. Un ejemplo de ello son los reclamos por la actitud y dejadez de los efectivos en una comisaría cuando un vecino acude a pedir auxilio o sentar una denuncia. Sin embargo, explicó, los municipios deben apoyar la labor de la PNP y contribuir en la investigación o dándoles recursos y equipos. “Las Águilas Negras funcionan como un reloj suizo. Acuden a los bancos cada cierto tiempo, están interconectados con casi todos los bancos y con su central. Pero eso no sería posible sin el apoyo de las entidades bancarias que los dotan de radios, alarmas, sensores, equipos de cómputo, etc.”, afirmó.
Invertir en investigación y análisis
Los resultados de la encuesta de Victimización indicaron que se debe invertir más en investigación y análisis y no solo comprar armas. Un porcentaje debe destinarse a analizar los datos de las encuestas para saber cómo operan, dónde están y por cuántas personas están integradas las bandas. Costa afirmó que es una buena iniciativa que el Estado haya comprado el descanso a los efectivos pero no es suficiente. Debe ir de la mano con labores que involucren más a los representantes civiles como los burgomaestres. “Los alcaldes son elegidos por los vecinos y son los representantes del ministro del Interior en cada distrito, los comisarios deben estar en contacto permanente con sus alcaldes” señaló.
De otro lado, indicó que el talón de Aquiles del serenazgo es su reclutamiento, evaluación y formación actualmente. Explicó que un sereno despedido de un distrito por mal comportamiento puede ser contratado en otro distrito. “Algunos serenazgos como el de Mirafloresrealizan una labor eficiente y otros deberían imitar sus casos y acudir a esos municipios y compartir experiencias”, afirmó Costa.
Política Nacional de Prevención del Delito
Para enfrentar la delincuencia se debería implementar una política nacional de prevención del delito apoyada por el Ejecutivo y seguida por los gobiernos locales, afirmó Gino Costa quien apoyó la decisión del presidente Ollanta Humala por encabezar el Consejo Nacional de seguridad Ciudadana (Conasec).
 
Detienen a chofer que atropelló a dos personas
El Ministerio Público a través de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, logró que la Corte Superior de Justicia de Arequipa dicte prisión preventiva de 5 meses contra Fredy Vilca Acrota por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de Homicidio en agravio de Julio Rodrigo Condori y lesiones graves en Omisión de Socorro y Exposición al Peligro en agravio de José Condori Quispe.
Tras la sustentación del Fiscal Provincial, Rubén Nuñez Díaz del Tercer Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa, el Juez José Luis Vilca Conde del Módulo Básico de Justicia de Cerro Colorado declaró procedente el pedido de prisión preventiva por 5 meses para Fredy Vilca Acrota por el presunto agravio de quien en vida fue Julio Rodrigo Condori.
Los hechos ocurrieron el 19 de agosto cuando al promediar las 04:30 horas, a la altura del Km 8.5 de la carretera Arequipa – Yura, cerca al puente Añashuayco, Fredy Vilca Acrota, conductor del camión marca Mitsubishi de placa XH 4875, de propiedad del también denunciado Augusto Luis Riveros Muñoz quien se encontraba como copiloto, impactó frontalmente contra el automóvil marca Daewo modelo Tico de color amarillo con placa EH-2486 arrastrando el automóvil aproximadamente 23 metros para luego cambiar de rumbo y darse a la fuga con dirección a la ciudad de Arequipa, habiendo ocasionado la muerte de Julio Rodrigo Condori (chofer del Tico) mientras que José Condori Quispe (copiloto del Tico) fue trasladado con lesiones graves, en una camioneta del Serenazgo de Cerro Colorado hacia el Hospital Honorio Delgado Espinoza.
Luego de darse a la fuga el conductor y propietario del camión, este último, Augusto Luis Riveros Muñoz ocultó la placa de su vehículo (XH- 4875) en su establo ubicado en la Av. Primavera N° 102 Cerro Colorado, fue denunciado por los delitos citaos.
 
“Ex mandatario debe ser citado de grado o fuerza”
El expresidente Alan García tiene la obligación de colaborar con la Justicia y, si es necesario, el Poder Judicial tiene todo el poder de citarlo de “grado o fuerza”, coincidieron en señalar el abogado de Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera y el exprocurador anticorrupción Ronald Gamarra.
 
“García dice que no se siente víctima del espionaje para evitar comparecer en el proceso penal y no ser sometido a un interrogatorio en el que se sienta incómodo. Escenario donde puedan surgir algunas preguntas o respuestas comprometedoras. El Tribunal debe insistir en la citación”, sostuvo Gamarra.
 En ese sentido, el exprocurador recalcó que todo ciudadano, “por más alto cargo que haya desempeñado”, está en la obligación de atender cualquier requerimiento del Poder Judicial. “No veo fórmula alguna para que el expresidente García se niegue a colaborar con la justicia, sobre todo en un caso delictivo”, manifestó.
 De la misma manera, Carlos Rivera, de IDL, aseveró que el Tribunal puede tomar la decisión de citar de grado o fuerza al expresidente, dado que hay una citación reiterada que se está incumpliendo. Resaltó que esta exigencia no cambia en nada su calidad de testigo-agraviado.
“Aunque García presente una o mil cartas diciendo que su testimonio es irrelevante para la justicia, es el juez del Tribunal quien decide, finalmente, si lo califica así o no. Pero no el testigo que ha sido citado”, explicó Rivera a diario16.
El abogado de IDL explicó que la situación del líder aprista es de agraviado porque su nombre aparece en la lista de ‘chuponeados’ por la empresa Bussines Track, “pero a la vez tiene la calidad de testigo porque algún conocimiento debe tener de lo que se está ventilando en el juicio de BTR”.
 
Fujimoristas también quieren investigar a Alan García
 
Mientras Alan García busca muy hábilmente que lo excluyan del juicio por el ‘Caso BTR’, la bancada parlamentaria fujimorista, otrora aliada del aprismo, ya le puso la mira al expresidente de la República. La vocera de Fuerza 2011, Cecilia Chacón, señaló que la Comisión de Fiscalización del Congreso debería investigar a García en aras de la transparencia y tras las serias acusaciones que Alberto Químper, ex directivo de Perú Petro, lanzó contra el exmandatario (Ver recuadro).
 
 
 
“Están saliendo muchas cosas que, de alguna manera, involucran al (ex) jefe del Estado. Lo que ha dicho el señor (Alberto) Químper se tiene que investigar y el fujimorismo así lo hará. La Comisión de Fiscalización debería iniciar una investigación al respecto”, aseveró la parlamentaria.
Si bien la fujimorista admitió que un dicho finalmente no es suficiente para inculpar a alguien, sí lo es “para iniciar una investigación”. “Esto se debería ver en foro político como lo es el Congreso de la República, más allá de que se esté viendo en un juicio donde él (Alan García) está como agraviado y no inculpado”, remarcó.
Chacón aseveró, sin embargo, que se tiene que respetar la presunción de inocencia del expresidente y el debido proceso, a pesar de que al Partido Aprista (tras la caída del fujimorismo) solo le valió la palabra de la señora (Matilde) Pinchi Pinchi o de cualquier otra persona para meter a la cárcel a la gente”.
“Nosotros no actuaremos de esa manera, pero sí investigaremos y veremos si efectivamente ante ese dicho (de Químper) hay pruebas que incriminen al jefe de Estado”, manifestó tras enfatizar que se debe de investigar todo lo que se tenga que investigar, “así sea el expresidente de la República o cualquier otro funcionario”.
A la mala
El primer vicepresidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, coincidió con la propuesta de Chacón. No obstante, aclaró que dichas investigaciones se deben realizar de una manera transparente y decente, para no repetir errores de antiguas comisiones investigadoras.
Al ser consultado sobre la reiterada negativa del expresidente García de acudir a la citación por el juicio BTR, en calidad de agraviado, el congresista de Alianza Parlamentaria indicó que los jueces deberían acudir a la casa de exmandatario para que le interroguen.
Sin embargo, su colega de bancada Yohny Lescano afirmó que García debería ser citado de grado o fuerza a dicho juicio, porque su presencia es importante “para aclarar varias cosas”. “Ya varios acusados (del Caso BTR) han referido que él (García) ha estado ordenando, hablando y que él ha estado interviniendo. Para evitar compromisos más serios, debería asistir porque si no, se le va a agravar la situación, más aún si acá (en el Congreso) se va a llevar adelante una comisión de investigación”, indicó tras señalar que la inasistencia del expresidente genera suspicacias.
Por su parte, el congresista de Alianza Por el Gran Cambio, Luis Galarreta, aseguró que la condición de expresidente de García no lo exime de asumir las responsabilidades que tiene como cualquier otro ciudadano de asistir y, más aún, si es agraviado. “Claro, tiene miedo de que (la sesión) se preste para algo, pero su obligación es ir. Y si no va, que vaya de grado o fuerza, porque su inasistencia genera grandes suspicacias”.
 


 

ATENTAMENTE RICARDO ESCOBEDO L.

                                        


    




 

Alcalde de Ananea convoca a primer informe económico
El alcalde de la municipalidad distrital de Ananea, en la provincia de San Antonio de Putina, anunció que realizará el primer informe económico del primer semestre de su gestión edil. La actividad se llevará en audiencia pública en la plaza de armas de esta localidad.
Según se informó, la actividad se desarrollará el domingo 28 del presente mes a las 10 de la mañana. Cabe precisar que la convocatoria ha concitado la atención de los pobladores de esta jurisdicción del distrito; incluso algunos ciudadanos saludaron y felicitaron la decisión de la autoridad.
Samuel Ramos Quispe, burgomaestre de la localidad, manifestó que el informe se da cumpliendo con su compromiso con el pueblo y resaltando que el manejo económico de la municipalidad debe ser transparente. Además, dijo que se está cumpliendo con la ejecución de obras en los centros poblados y comunidades.
 
Aspec criticó a Telefónica por interrupción de servicio en sismo
La asociación de consumidores demandó contar con plan de contingencia ante emergencias. La empresa aclaró que operó con normalidad
Luego del movimiento telúrico de 7 grados registrado en Contamana, Loreto, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) criticó a Telefónica del Perú por la interrupción temporal que sufrió el servicio de telefonía móvil y de mensajes de texto.
Según el presidente de Aspec, Crisólogo Cáceres, la compañía de telefonía está en la obligación de contar con un plan de contingencia ante situaciones de emergencia como la que aconteció hoy.
“Que el servicio de contingencia sea costoso y complicado de implementar, no significa que la empresa no deba hacerlo”, recalcó Cáceres, quien al mismo tiempo señaló que de darse una interrupción, esta debe de ser imperceptible y no prolongarse por varios minutos.
En declaraciones a la Agencia Andina, Cáceres dijo que Indecopi debe comenzar una investigación de oficio para establecer qué ocurrió con el servicio ya que, según su opinión, si se dio una interrupción -como pasó en agosto del
2007-, no se estaría brindando un servicio idóneo.
De otro lado, Telefónica del Perú informó a través de una nota de prensa que todos sus servicios de telecomunicaciones se encuentran funcionando con normalidad.
“Los centros de gestión que monitorean permanentemente las redes de la compañía registraron que los servicios de telefonía fija y móvil experimentaron una moderada congestión luego del sismo, debido al incremento inusual de llamadas. Los servicios de banda ancha funcionaron con toda normalidad”, detalló Telefónica.
 
Osiptel aclara que no apoya renovar contrato a Telefónica
Posición. mtc debe pronunciarse, afirmó. Indicó que sólo emitió un informe no vinculante al Ejecutivo, lo cual no implica ninguna decisión.

El presidente del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), Guillermo Thornberry, negó ayer que hayan abogado a favor de la renovación del contrato de Telefónica Móviles, como trascendió en los medios locales.

“Nosotros no tenemos nada que ver en el tema.  El ente concedente, es decir el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), es quien tiene que pronunciarse. Nosotros solo damos opinión no vinculante para que el MTC tome una decisión”, explicó Thornberry.
Precisó que solo enviaron información sobre las sanciones recaídas en Telefónica que, según una fórmula, le restaría entre 9 y 16 meses al tiempo de concesión en caso el Estado decida renovarle el contrato.

Por su parte fuentes de Telefónica informaron que han cumplido con todas las etapas legales para ampliar su plazo de concesión y que están a la espera de la decisión final del MTC, pues, luego del informe del Osiptel, sólo falta negociar los términos y condiciones para el nuevo periodo de concesión.

Cabe recordar que los contratos vencidos de la empresa Telefónica son los referidos a las bandas de servicio móvil A y B, caducas desde mayo y julio, respectivamente.   
 
Estado peruano impondría 830 millones a Movistar para que siga operando
Dos de los tres contratos que permiten operar a Telefónica Móviles S.A se vencieron a inicios de este año y su renovación fue valorizada, por el organismo técnico OSIPTEL, en US$ 830 millones; sin embargo, la última palabra en la difícil negociación la tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Luego que el proceso de renovación quedara paralizado al final del gobierno aprista, a pedido de la comisión de transferencia del nuevo gobierno, actualmente, el Estado peruano ha planteado el cobro de US$ 830 millones por el uso de dos bandas de nuestro espectro electromagnético a la empresa española.
Como era predecible, la empresa señaló que cumplieron con todas las etapas del proceso para solicitar la renovación y que el monto exigido no corresponde al pago por la nueva concesión. También pidieron que la renovación dure 20 años, mientras que Guillermo Thornberry, presidente de OSIPTEL, opina que este plazo debe reducirse.
Junto al nuevo impuesto a las sobreganancias mineras, en la negociación con Telefónica se evidenciará una política coherente del gobierno nacionalista. No olvidemos que el espectro electromagnético es un recurso natural que nos pertenece y que su uso privado es concesionado por el Estado al igual que cualquier otro bien público.
La empresa Telefónica Móviles, cuyo nombre comercial es Movistar, participa del 62.1% del mercado de móviles con 19 millones de clientes, según sus propios datos y la Superintendencia del Mercado de Valores, en el primer semestre de este año, percibió una utilidad neta de S/.338, 2 millones, mientras que su ingreso en el mismo periodo fue de S/. 2,001.4 millones.
 
 
Lo que debes saber sobre la nueva Ley de Consulta Previa
Norma establece el derecho de las comunidades a solicitar ser consultadas sobre actividades extractivas en su territorio. ¿Será vinculante?
 
La trascendencia de la Ley de Consulta Previa, aprobada ayer por unanimidad en el Congreso, radica en que a partir de ahora los pueblos indígenas u originarios podrán solicitar ser consultados sobre las medidas legales, planes, programas y proyectos que afecten directamente sus derechos, sean estos físicos, de identidad, calidad de vida o desarrollo.
La norma se basa en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
¿ANTE QUIÉN SE SOLICITA LA CONSULTA?
Las instituciones u organizaciones representativas de las comunidades pueden solicitar la aplicación del proceso de consulta si consideran que una medida los afecta directamente. El pedido se presenta a la entidad estatal promotora de la medida legislativa o administrativa y responsable de ejecutar la consulta. Esta evaluará la procedencia del pedido.
En caso la entidad estatal pertenezca al Ejecutivo y desestime el pedido, la comunidad puede impugnar ante el Órgano Técnico Especializado en materia Indígena (adscrito al Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura). Agotada la vía administrativa se puede recurrir ante los órganos jurisdiccionales competentes.
Lea las funciones del mencionado órgano técnico AQUÍ.
¿QUÉ PASA SI NO HAY ACUERDO?
La norma -que había sido aprobada en el anterior Congreso- fue observada por el gobierno de Alan García, que hizo hincapié en que, si no se lograba un acuerdo o consentimiento con la comunidad, ello no implicaba que se limite, suspenda o prohíba al Estado adoptar decisiones, “incluso en contra de la opinión de los pueblos consultados, lo cual debe señalarse de manera expresa”.
¿Qué dice al respecto la nueva norma? En su artículo 15 afirma que para que haya una decisión final sobre la aprobación de una medida legislativa o administrativa es necesario evaluar “los puntos de vista, sugerencias y recomendaciones planteados por los pueblos indígenas u originarios durante el proceso de diálogo, así como el análisis de las consecuencias que la adopción de una determinada medida tendría respecto a sus derechos colectivos”.
El acuerdo -se indica- es obligatorio para ambas partes (y exigible en sede administrativa y judicial), pero, en el caso de que no se alcance un pacto, entonces le corresponde a las entidades estatales “adoptar las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y originarios, de tal forma que no se afecte el derecho a la vida, la integridad y el pleno desarrollo”.
¿LA NORMA ES VINCULANTE?
El presidente de la Comisión de Constitución, Fredy Otárola (Gana Perú), señaló ayer que un acuerdo entre ambas partes implica que sea vinculante. Sin embargo, para Cecilia Chacón (Fuerza 2011) y Juan Carlos Eguren (Alianza por el Gran Cambio) no es así.
“Lo que se quería anteriormente es que, si se hacía la consulta, la decisión de los pueblos debería ser vinculante, algo que no se recoge en este proyecto”, dijo Chacón.
“La consulta no es vinculante, pero sí se requiere una licencia social. Si no la hay, los proyectos, en la práctica, avanzan con dificultad y más adelante habrá una consulta formal. Si en esta se dice que no, será muy difícil que el Estado pueda impulsar el proyecto”, afirmó Eguren.
Multarán a personas que arrojen basura
En 45 días estará lista la ordenanza con los montos con que se sancionará a quienes boten desperdicios en la vía pública, informó la comuna.
Imágenes como esta se repiten en innumerables lugares de la capital. (USI)
El gerente de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad de Lima, Arnold Mollet, dijo que en unos 45 días estará lista la ordenanza con los montos de las multas que serán impuestas a quienes boten desperdicios en la vía pública.
El funcionario manifestó que la iniciativa viene siendo analizada por una comisión de regidores metropolitanos, que deben presentarla ante el concejo capitalino para su aprobación
Plantean embargar bienes a corruptos
La Contraloría pidió al Congreso aprobar un proyecto de ley que permita incautar propiedades en los casos de corrupción de funcionarios.
Khoury se reunió con el presidente del Congreso y le hizo entrega de estas iniciativas. (USI)
El contralor Fuad Khoury le entregó esta tarde cinco proyectos de ley al presidente del Parlamento, Daniel Abugattás, que tienen por finalidad ampliar y fortalecer las acciones en la lucha contra la corrupción.
Las referidas iniciativas quedaron pendientes en la última legislatura del Congreso pasado, pero son nuevamente presentadas debido a la importancia que representan para el trabajo que desempeña la Contraloría y todo el Sistema Nacional de Control a nivel nacional.
Entre los proyectos presentados destaca el que propone incorporar en la Ley de Pérdida de Dominio (Decreto Legislativo Nº 992) la incautación de bienes para los delitos de corrupción de funcionarios (concusión, colusión, peculado, cohecho propio e impropio y enriquecimiento ilícito), tal como ocurre en los casos de narcotráfico y terrorismo.
Otra iniciativa busca que la Contraloría pueda emitir una opinión previa respecto de los modelos financieros de concesión en los procesos de promoción a la inversión privada. Además, propone que cualquier modificación o adenda a los contratos suscritos requiera de la opinión previa del máximo órgano de control para asegurar los intereses del Estado.
El contralor también presentó el proyecto de ley que incorpore como obligatorio la presentación de una Declaración Jurada de Ingreso, Bienes y Rentas a los miembros de los Consejos Regionales, parlamentarios andinos y la totalidad de alcaldes y regidores sin excepción. En este último caso, actualmente solo lo hacen las autoridades ediles que administran un presupuesto anual superior a las 2,000 UIT (cerca de S/. 7,2 millones).
Otra iniciativa es la que busca fortalecer el Sistema Nacional de Control mediante el acceso irrestricto de todos los órganos que lo componen a la documentación relacionada a los convenios suscritos por entidades estatales con organismos internacionales. Actualmente, la suscripción de estos convenios origina una carencia de información y control sobre los recursos transferidos por las entidades públicas.
Por último, se encuentra el proyecto que propone mecanismos de defensa para los funcionarios y trabajadores de la Contraloría y de los Órganos de Control Institucional (OCI) que realicen actividades de fiscalización gubernamental. Esta medida garantizará la ejecución efectiva de las labores de control e independencia de este ejercicio y del propio sistema frente a acciones legales que intenten obstruir.
 
Contraloría presenta proyectos anticorrupción
El contralor de la República, Fuad Khoury, entregó hoy al presidente del Congreso, Daniel Abugattás, cinco proyectos de ley para ampliar y fortalecer las acciones contra la corrupción. El organismo de control detalló que las iniciativas habían quedado pendientes en la última legislatura del Congreso pasado, pero fueron nuevamente presentadas por la importancia que tienen para el trabajo de la Contraloría, y todo el Sistema Nacional de Control, a nivel nacional.

Según la agencia Andina, entre estos proyectos figura el que incorpora en la Ley de Pérdida de Dominio (Decreto Legislativo Nº 992) la incautación de bienes para los delitos de corrupción de funcionarios (concusión, colusión, peculado, cohecho propio e impropio y enriquecimiento ilícito), al igual que ocurre para casos de narcotráfico y terrorismo.
Otro proyecto de ley propone que la Contraloría pueda emitir opinión previa sobre los modelos financieros de concesión en los procesos de promoción a la inversión privada.
El contralor también presentó el proyecto que obliga a presentar la Declaración Jurada de Ingreso, Bienes y Rentas a los miembros de los consejos regionales, parlamentarios andinos y la totalidad de alcaldes y regidores, sin excepción
 

 

“García se ha levantado más plata que Montesinos”
Afirma Alberto Químper, exasesor tributario de líder aprista, en conversación exclusiva con Químper revela que Alan García usa testaferros para esconder su dinero.
 
Esta es la segunda parte de la conversación sostenida con Alberto Químper, procesado por el caso “Petroaudios”. entrega publicada el pasado lunes, García se negó a ser considerado como agraviado en el caso Business Track (BTR) sobre interceptación de las comunicaciones y no asistió a aclarar las imputaciones en su contra en ese proceso.
 
-¿Es cierto que la actriz Vanessa Saba era la conquista de Alan García?
-No quiero hablar de eso. Ella es una buena chica.
 
-Le pregunto porque se dice que, debido a esa supuesta relación, García mantuvo a su padre Daniel Saba en el cargo de presidente de Perupetro a pesar del escándalo de los Petroaudios que lo incriminaban.
-Saba se mantuvo para dar la imagen de que el proceso (licitación) fue limpio, para darle fuerza a los contratos. Eso pesó más que lo otro. La chica influyó en el nombramiento, pero en lo otro pesaron los contratos.
-¿García cómo esconde su dinero?
-Como lo esconden todos. Hay bancos del mundo que se prestan para eso.
-¿Pero con su nombre o usa a otras personas?
-Usa testaferros.
-¿Quién es el testaferro de García?
-Pilar.
-¿Pilar Nores?
-Durante mucho tiempo. Por eso es que no se puede pelear mucho con ella.
-¿Ella tendrá también sus testaferros?
-Sí, pero ella lleva la cadena.
-¿Y Cheesman (madre del último hijo de García)?
-La Cheesman recién ahora está reemplazando a Pilar Nores en algunas tareas no santas.
-¿En qué tipo de tareas?
-Tareas económicas, pues, y no te hagas el cojudo. Me refiero a otras cosas de aspectos económicos.
-Usted sabe mucho, más que Ponce Feijóo.
-Soy viejo, pues. Más que Ponce no, soy viejo.
-Dicen que García le sacaba la vuelta a Pilar Nores, allá en Francia.
-La Cheesman lo ha perseguido (a García) por todos lados. A donde él iba, ella iba y durante muchos años. Alan García ha estado con varias, no solo con la Cheesman.
 
-¿García es todo un galán entonces?
-En el fondo (García) es un acomplejado, que cree que saliendo con buenas mujeres socialmente se reivindica. Él ha sido muy pobre por ser aprista, eso ha creado en él una especie de conflicto, por un lado es austero, pero por otro lado le gusta la buena vida, entonces es una forma de reivindicarse.
-Pero por otro lado ya no es tan pobre por el billete que usted dice ha levantado.
-Carlos Andrés Pérez (expresidente venezolano) le dijo que si quería tener poder político debía tener respaldo económico. Fue el mal ejemplo, sino ¿por qué crees que (Hugo) Chávez sale elegido? Porque el pueblo de Venezuela estaba harto de sus robos. Eso lo capitalizó Chávez.
-Si García seguía como presidente, ¿qué pasaba con Rómulo León y usted?
-Nosotros no salíamos por orden de García. Ahora las cosas han cambiado.
-Lo ha dañado mucho García.
-Sí, pues, porque controlaba todo el Poder Judicial y el Ministerio Público. Ahora ya no. La mejor prueba es que el Consejo ha destituido a Robinson Gonzales (exvocal), eso quiere decir que ya no lo controla, pues. Pero controlaba hasta al doctor (Iván) Sequeiros, por eso tuvimos que ir a organismos internacionales.
-Si estuvo con Canaán, ¿de qué forma García pudo sacar su comisión?
-Muy sencillo. A Canaán nadie lo controla en Santo Domingo. La plata de Canaán proviene de la época de (Rafael) Trujillo y Canaán puede dar el 50% de lo que recibe de comisión y nadie le dice nada en Santo Domingo. Las empresas españolas que construyen cárceles y hospital máximo darán pues un once por ciento porque en España los tienen controlados. A Canaán nadie lo controla en Santo Domingo y puede dar lo que le da gana, no le van a estar preguntando oye, por qué ha pagado los 5 millones de dólares. Entonces, Alan García dice ¡Carajo, este es el hombre para hacer negocios!
-¿Así le dijo a usted?
-¡Ése es un lobo, un lobo! Si se meten con una compañía española no pueden dar más del dos por ciento, si se meten con Canaán, él puede dar el 20%. Es que nadie lo controla.
-¿Cuál es la relación de Luis Giampietri y García?
-Con Giampietri, García consigue que Kouri lo apoye en el Callao. Siempre Callao y Lima votan igual, y en Lima no estaba ganando García sino Lourdes, y Kouri le dice yo te apoyo, pero llevas a Giampietri. Y entonces García gana en el Callao, no podía perder. Giampietri es pata de Kouri, pues.
-¿Y el apoyo del servicio de inteligencia a García a través de Giampietri?
-El mejor servicio de inteligencia del Perú es de la Marina y Giampietri busca ascender a contralmirante a (Elías) Ponce y a quien encargan luego a chuponear a Ollanta Humala y Virly Torres, y también a chuponear a congresistas de la oposición después del barrido electrónico que hicieron en el Congreso. Entonces, García los dejaba hacer su pendejada, pero a él también lo habían chuponeado, y cuando descubre lo de los petroaudios, dice: ¡Carajo, me pueden haber chuponeado a mí también, y a Canaán, a Garrido Lecca, Del Castillo, a María Zavala, a Mirtha Cunza, mi secretaria! Ahora, por darse de moralizador, me encara a mí y a Rómulo, ¡las ratas que los metan a la cárcel!, pero no para hasta no descubrirlos a ellos, ¿cómo lo descubren?, porque uno de la gente de Ponce se acoge a la confesión sincera, y lo mandan al extranjero, y con la información de ése, y encuentran a Ponce, le encargan la tarea a la Dirandro. Y una vez que agarran a todos, presionan a Petrotech. García tiene que haberle sacado plata a Petrotech porque si no los hubiera denunciado.
-Si García quiso incriminar a Petrotech.
-Eso es para despistar. La táctica de García es primero meterte miedo, y después que te mete miedo,... Lo mismo hizo con Camisea, construyó una comisión, y de ahí que les mete miedo, les saca plata. (…) Mete miedo, y luego cobra.
-¿Y cómo cobra?
-Últimamente está usando a Cuqui Cheesman, me parece, me parece.
 
-Puede haber otro.
-No, no hay otro. Otro que le recoge plata también es Cornejo. De repente, García ha levantado más plata que Montesinos, claro Montesinos se alió con el narcotráfico, ahí ha ganado mucho, y García no se mete con el narcotráfico por miedo a los gringos. Él ha sido abogado de narcos al principio
 
 
Presidente Regional quiere reordenar minería informal
El presidente Regional, Javier Atkins, solicitó apoyo a los congresistas para realizar un reordenamiento de la minería informal. Indicó que en Piura la minería informal produce aproximadamente 45 mil onzas de oro al año, a 2 mil dólares la onza, con lo cual se va a incrementar, “Por eso queremos un ordenamiento de ésta, porque si hay riqueza, tiene que ser distribuida a la población y al Estado porque éste tiene muchas obligaciones y responsabilidades, y no cuenta con dinero”, dijo.
Además, le entregó a la vicepresidenta Marisol Espinoza un proyecto de ley sobre la incorporación del impuesto a las transacciones financieras, como parte de la compensación regional. Solicitó que ésta lo evalúe. “Actualmente este dinero que se produce en todas las transacciones financieras en el Perú se va al MEF, a un sitio que nadie conoce. Creemos que lo que se genere en la región, sea para beneficiar a las poblaciones más necesitadas”, concluyó
 
 
Fiscalización abre expediente a Alexis
La comisión acordó pedir información al Gobierno para determinar con precisión qué fue lo que negoció el hermano del presidente en Moscú.
Analizarán los temas que conversó Alexis en su viaje a Rusia
La Comisión de Fiscalización acordó por mayoría solicitar información a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre las reuniones que sostuvo Alexis Humala, hermano menor del presidente Ollanta Humala Tasso, con autoridades y empresarios rusas, así como los acuerdos que negoció en diversos temas que van desde la pesca, pasando por el gas y el turismo, hasta las armas.
El pedido fue planteado por el congresista Juan José Días Dios (GPF), quien dijo que era necesario pedir información a la Cancillería para analizar si los temas sobre los que conversó el hermano del mandatario coinciden con los que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, abordó con Ollanta Humala en su reciente visita a Lima.
Al respecto, Martín Belaunde (SN), presidente de la comisión, consideró que el diálogo entre Humala y Lavrov no implica ningún acuerdo. Alegó que para que el presidente tome una decisión debe contar con el aval del Consejo de Ministros.
“De manera que han sido temas de agenda que podrán traducirse después en acuerdos o no. Tratándose de acuerdos entre dos estados soberanos hay materias que pueden ser hechas directamente por el Poder Ejecutivo y otras solo pueden ser ejecutadas por el Parlamento”, agregó Belaunde Moreyra.
DATO
La Comisión de Fiscalizaión aprobó por unanimidad el Reglamento y el Plan de Trabajo que regirá para el Periodo Legislativo 2011–2012
Reguladores se quejan por presupuesto
Titulares de varios organismos criticaron que desde 2009 tengan que pedir permiso al MEF para contar con recursos para fiscalizar.
Cierran filas. Los presidentes de los organismos reguladores expresaron su malestar por la falta de autonomía presupuestal para una mejor supervisión de las inversiones privadas.
Ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, los titulares de Osiptel, Ositran y Sunass, así como el gerente de Osinergmin, Edwin Quintanilla, criticaron que desde 2009 tengan que pedir permiso al Ministerio de Economía para contar con recursos que deben destinar a sus acciones de fiscalización, lo que –señalaron– les resta autonomía.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Economía, Luis Galarreta, criticó que dichos funcionarios no hayan expresado su reclamo cuando en Ositran se permitió que el presidente de dicho organismo tuviera la facultad de remover a su gerente general. “¿Por qué no defendieron la institucionalidad y autonomía de los reguladores en ese momento?”, dijo.
 
Piden que alcaldes designen y remuevan a los comisarios
Exministro del Interior Gino Costa plantea dar más poder a burgomaestres en seguridad ciudadana. También afirma que si Policía no mejora podría desaparecer. "
Más autoridad en alcaldes funcionaría a favor de programas de seguridad.
La Policía debería cambiar de actitud y dar más apoyo a los alcaldes, de lo contrario pone en peligro su propia existencia debido a la labor que hoy cumple el serenazgo en tareas de prevención obteniendo la aprobación de los vecinos, dejando de lado a la Policía Nacional.
La afirmación la hizo Gino Costa, director de la ONG Ciudad Nuestra, quien adelantó que hace diez días presentó dos proyectos de ley al presidente del Congreso, Daniel Abugattás, para que los alcaldes de la capital puedan elegir, evaluar y remover de sus cargos a los comisarios.
La iniciativa, afirmó, responde al desempeño de los efectivos desde años atrás, cometiendo delitos y realizando una labor deficiente en las calles. Señaló que la Policía debe cambiar de actitud y colaborar con los municipios ya que son precisamente los vecinos los únicos afectados con las diferencias entre ambas instituciones.
Según LA PRIMERA encuesta Metropolitana de Victimización, elaborada por Ciudad Nuestra, en los distritos donde el serenazgo tiene aprobación por parte del público, la Policía tiene una aprobación menor.
“Si el serenazgo no funciona, tampoco funciona la Policía. En muchos distritos el carro del serenazgo llega antes que el patrullero. En adelante las autoridades deben procurar crear mecanismos para que ambos trabajen de forma coordinada y compartan información sobre la delincuencia”, afirmó Costa durante una reunión con la alcaldesa de Barranco Jessica Vargas. “Por ejemplo, ahora no está con nosotros el comisario de Barranco. Esta reunión es para tratar temas de seguridad pero no está el jefe policial y lo peor es que la alcaldesa preside el Comité de seguridad Distrital”, señaló Costa.
Agregó que las insuficiencias de la Policía han sido absorbidas y superadas por los serenos y poco a poco el público se identifica más con ellos que con los Policías. Un ejemplo de ello son los reclamos por la actitud y dejadez de los efectivos en una comisaría cuando un vecino acude a pedir auxilio o sentar una denuncia. Sin embargo, explicó, los municipios deben apoyar la labor de la PNP y contribuir en la investigación o dándoles recursos y equipos. “Las Águilas Negras funcionan como un reloj suizo. Acuden a los bancos cada cierto tiempo, están interconectados con casi todos los bancos y con su central. Pero eso no sería posible sin el apoyo de las entidades bancarias que los dotan de radios, alarmas, sensores, equipos de cómputo, etc.”, afirmó.
Invertir en investigación y análisis
Los resultados de la encuesta de Victimización indicaron que se debe invertir más en investigación y análisis y no solo comprar armas. Un porcentaje debe destinarse a analizar los datos de las encuestas para saber cómo operan, dónde están y por cuántas personas están integradas las bandas. Costa afirmó que es una buena iniciativa que el Estado haya comprado el descanso a los efectivos pero no es suficiente. Debe ir de la mano con labores que involucren más a los representantes civiles como los burgomaestres. “Los alcaldes son elegidos por los vecinos y son los representantes del ministro del Interior en cada distrito, los comisarios deben estar en contacto permanente con sus alcaldes” señaló.
De otro lado, indicó que el talón de Aquiles del serenazgo es su reclutamiento, evaluación y formación actualmente. Explicó que un sereno despedido de un distrito por mal comportamiento puede ser contratado en otro distrito. “Algunos serenazgos como el de Mirafloresrealizan una labor eficiente y otros deberían imitar sus casos y acudir a esos municipios y compartir experiencias”, afirmó Costa.
Política Nacional de Prevención del Delito
Para enfrentar la delincuencia se debería implementar una política nacional de prevención del delito apoyada por el Ejecutivo y seguida por los gobiernos locales, afirmó Gino Costa quien apoyó la decisión del presidente Ollanta Humala por encabezar el Consejo Nacional de seguridad Ciudadana (Conasec).
 
Detienen a chofer que atropelló a dos personas
El Ministerio Público a través de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, logró que la Corte Superior de Justicia de Arequipa dicte prisión preventiva de 5 meses contra Fredy Vilca Acrota por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de Homicidio en agravio de Julio Rodrigo Condori y lesiones graves en Omisión de Socorro y Exposición al Peligro en agravio de José Condori Quispe.
Tras la sustentación del Fiscal Provincial, Rubén Nuñez Díaz del Tercer Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa, el Juez José Luis Vilca Conde del Módulo Básico de Justicia de Cerro Colorado declaró procedente el pedido de prisión preventiva por 5 meses para Fredy Vilca Acrota por el presunto agravio de quien en vida fue Julio Rodrigo Condori.
Los hechos ocurrieron el 19 de agosto cuando al promediar las 04:30 horas, a la altura del Km 8.5 de la carretera Arequipa – Yura, cerca al puente Añashuayco, Fredy Vilca Acrota, conductor del camión marca Mitsubishi de placa XH 4875, de propiedad del también denunciado Augusto Luis Riveros Muñoz quien se encontraba como copiloto, impactó frontalmente contra el automóvil marca Daewo modelo Tico de color amarillo con placa EH-2486 arrastrando el automóvil aproximadamente 23 metros para luego cambiar de rumbo y darse a la fuga con dirección a la ciudad de Arequipa, habiendo ocasionado la muerte de Julio Rodrigo Condori (chofer del Tico) mientras que José Condori Quispe (copiloto del Tico) fue trasladado con lesiones graves, en una camioneta del Serenazgo de Cerro Colorado hacia el Hospital Honorio Delgado Espinoza.
Luego de darse a la fuga el conductor y propietario del camión, este último, Augusto Luis Riveros Muñoz ocultó la placa de su vehículo (XH- 4875) en su establo ubicado en la Av. Primavera N° 102 Cerro Colorado, fue denunciado por los delitos citaos.
 
“Ex mandatario debe ser citado de grado o fuerza”
El expresidente Alan García tiene la obligación de colaborar con la Justicia y, si es necesario, el Poder Judicial tiene todo el poder de citarlo de “grado o fuerza”, coincidieron en señalar el abogado de Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera y el exprocurador anticorrupción Ronald Gamarra.
 
“García dice que no se siente víctima del espionaje para evitar comparecer en el proceso penal y no ser sometido a un interrogatorio en el que se sienta incómodo. Escenario donde puedan surgir algunas preguntas o respuestas comprometedoras. El Tribunal debe insistir en la citación”, sostuvo Gamarra.
 En ese sentido, el exprocurador recalcó que todo ciudadano, “por más alto cargo que haya desempeñado”, está en la obligación de atender cualquier requerimiento del Poder Judicial. “No veo fórmula alguna para que el expresidente García se niegue a colaborar con la justicia, sobre todo en un caso delictivo”, manifestó.
 De la misma manera, Carlos Rivera, de IDL, aseveró que el Tribunal puede tomar la decisión de citar de grado o fuerza al expresidente, dado que hay una citación reiterada que se está incumpliendo. Resaltó que esta exigencia no cambia en nada su calidad de testigo-agraviado.
“Aunque García presente una o mil cartas diciendo que su testimonio es irrelevante para la justicia, es el juez del Tribunal quien decide, finalmente, si lo califica así o no. Pero no el testigo que ha sido citado”, explicó Rivera a diario16.
El abogado de IDL explicó que la situación del líder aprista es de agraviado porque su nombre aparece en la lista de ‘chuponeados’ por la empresa Bussines Track, “pero a la vez tiene la calidad de testigo porque algún conocimiento debe tener de lo que se está ventilando en el juicio de BTR”.
 
Fujimoristas también quieren investigar a Alan García
 
Mientras Alan García busca muy hábilmente que lo excluyan del juicio por el ‘Caso BTR’, la bancada parlamentaria fujimorista, otrora aliada del aprismo, ya le puso la mira al expresidente de la República. La vocera de Fuerza 2011, Cecilia Chacón, señaló que la Comisión de Fiscalización del Congreso debería investigar a García en aras de la transparencia y tras las serias acusaciones que Alberto Químper, ex directivo de Perú Petro, lanzó contra el exmandatario (Ver recuadro).
 
 
 
“Están saliendo muchas cosas que, de alguna manera, involucran al (ex) jefe del Estado. Lo que ha dicho el señor (Alberto) Químper se tiene que investigar y el fujimorismo así lo hará. La Comisión de Fiscalización debería iniciar una investigación al respecto”, aseveró la parlamentaria.
Si bien la fujimorista admitió que un dicho finalmente no es suficiente para inculpar a alguien, sí lo es “para iniciar una investigación”. “Esto se debería ver en foro político como lo es el Congreso de la República, más allá de que se esté viendo en un juicio donde él (Alan García) está como agraviado y no inculpado”, remarcó.
Chacón aseveró, sin embargo, que se tiene que respetar la presunción de inocencia del expresidente y el debido proceso, a pesar de que al Partido Aprista (tras la caída del fujimorismo) solo le valió la palabra de la señora (Matilde) Pinchi Pinchi o de cualquier otra persona para meter a la cárcel a la gente”.
“Nosotros no actuaremos de esa manera, pero sí investigaremos y veremos si efectivamente ante ese dicho (de Químper) hay pruebas que incriminen al jefe de Estado”, manifestó tras enfatizar que se debe de investigar todo lo que se tenga que investigar, “así sea el expresidente de la República o cualquier otro funcionario”.
A la mala
El primer vicepresidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, coincidió con la propuesta de Chacón. No obstante, aclaró que dichas investigaciones se deben realizar de una manera transparente y decente, para no repetir errores de antiguas comisiones investigadoras.
Al ser consultado sobre la reiterada negativa del expresidente García de acudir a la citación por el juicio BTR, en calidad de agraviado, el congresista de Alianza Parlamentaria indicó que los jueces deberían acudir a la casa de exmandatario para que le interroguen.
Sin embargo, su colega de bancada Yohny Lescano afirmó que García debería ser citado de grado o fuerza a dicho juicio, porque su presencia es importante “para aclarar varias cosas”. “Ya varios acusados (del Caso BTR) han referido que él (García) ha estado ordenando, hablando y que él ha estado interviniendo. Para evitar compromisos más serios, debería asistir porque si no, se le va a agravar la situación, más aún si acá (en el Congreso) se va a llevar adelante una comisión de investigación”, indicó tras señalar que la inasistencia del expresidente genera suspicacias.
Por su parte, el congresista de Alianza Por el Gran Cambio, Luis Galarreta, aseguró que la condición de expresidente de García no lo exime de asumir las responsabilidades que tiene como cualquier otro ciudadano de asistir y, más aún, si es agraviado. “Claro, tiene miedo de que (la sesión) se preste para algo, pero su obligación es ir. Y si no va, que vaya de grado o fuerza, porque su inasistencia genera grandes suspicacias”.
 
 
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